Los indígenas de Chiapas constituyen la población a quien mayormente se les violan derechos humanos y son sometidos a procesos judiciales cuyas acusaciones tienen su origen en conflictos sociales, políticos y comunitarios.
Organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos han documentado el cada vez mayor deterioro de esta situación en Chiapas. Con frecuencia los indígenas son sujetos de investigaciones ministeriales en que se crean evidencias y testimonios para legitimar procesos judiciales, que generalmente culminan en una sentencia injusta.
Durante todo el proceso penal no les son respetados sus derechos humanos ni es considerada su condición de indígenas. Se les sujeta a procesos penales sin comprender las acusaciones en su contra, sin entender la mecánica del proceso y son condenados a altas penas de prisión sin haber contado con una defensa adecuada.
A partir de mediados de 1995 comienza a incrementarse la detención arbitraria de indígenas y campesinos en el contexto de conflictos políticos y sociales. En la hoy conocida como "Zona Norte" del Estado las detenciones las llevaron a cabo integrantes de las "grupos paramilitares", conocidos como "Paz y Justicia", quienes los entregaron a las instancias de procuración de justicia para crearles evidencias de participación en diversos delitos.
Durante 1998 el esquema de acusaciones no cambió demasiado. Hoy, son las corporaciones policiacas quienes llevan a cabo detenciones arbitrarias o revestidas de 'forma legal' de todos aquellos indígenas o campesinos que pertenecen a los Consejos Autónomos en Rebeldía, instancias de filiación zapatista. A la fecha existen aproximadamente 80 indígenas y campesinos, simpatizantes y bases de apoyo de EZLN, presos bajo las condiciones descritas.
Las violaciones a los derechos humanos ocurren generalmente en comunidades distantes, a decenas de kilómetros de las cabeceras municipales donde se asientan los grupos de defensa de los derechos humanos. Con frecuencia ocurre que estos organismos se enteran de los casos muchas horas, a veces días, después de que ocurren las violaciones a derechos humanos. Lógicamente, el acudir tarde para la documentación del caso, genera que se pierdan algunas evidencias o que el testimonio no sea completo porque se olviden detalles.
En otros casos, los indígenas y campesinos tienen que caminar días enteros para acudir a San Cristóbal de las Casas y presentar una queja ante una instancia de defensa de derechos humanos o para hacer una denuncia pública.
Por las razones ya descritas, se ha creado la Red de Defensores Comunitarios. Está conformada por jóvenes de cuatro regiones indígenas y no indígenas (zona norte, palenque, Altamirano y Nicolás Ruiz), lugares que destacan por ser donde mayormente se sufre la violencia del Estado y donde con mayor frecuencia se producen ataques a los derechos humanos individuales y colectivos por parte del Ejército Nacional Mexicano y de las corporaciones policiacas del Estado.
Los integrantes de la Red han sido nombrados por las comunidades que integran sus regiones de origen y se encuentran capacitados en la utilización de las instancias e instrumentos nacionales de defensa de los derechos humanos. También cuentan con capacitación para proveer asesoría jurídica básica y presentar escritos sencillos ante instancias judiciales.
Para documentar las violaciones a los derechos humanos, los integrantes de la Red han sido entrenados en el uso de cámaras de vídeo (cada región cuenta con su equipo de filmación, proveído por el Proyecto de Medios de Comunicación en Chiapas), de manera que hoy día, la Red continua trabajando en la capacitación y en la documentación de todos los casos de violaciones a los derechos humanos que han sufrido las comunidades y regiones de donde provienen sus integrantes.
A mediano plazo, cada región deberá contar con una oficina de defensa de los derechos humanos en el lugar que a las comunidades les sea más accesible y conveniente. Estas oficinas serán dotadas del equipo necesario para su funcionamiento, incluyendo una línea de teléfono, fax, cámaras fotográficas, computadoras, etcétera.
Las oficinas de defensa de los derechos humanos son una exigencia y necesidad imperiosa de las comunidades. Por esa razón en algunas regiones se ha conseguido, con el apoyo de personas solidarias e interesadas en el proyecto, un local donde instalar la oficina, algunas maquinas de escribir y papelería, para comenzar a trabajar. Las mesas y sillas han sido aportación de las comunidades.
Hacer realidad el funcionamiento de siete oficinas de defensa de los derechos humanos requiere del apoyo de muchas personas. Calculamos en diez mil pesos cada mes por oficina, a partir de que se instalan y cuentan con el equipo necesario. Si Usted desea hacerse amigo o amiga de este proyecto y quiere ayudarnos, envíe aportaciones económicas a la cuenta No. 7042457 de BANAMEX a nombre de Miguel Angel de los Santos C. Y envíe un correo electrónico a mdelossantos@laneta.apc.org
Si usted vive en Estados Unidos, puede hacer su depósito a "Guatemala Partners" 1830 Connecticut Ave .Nw., Washington D.C. 20009 ( On the memo line please write Chiapas Community Defenders Network). Nosotros les mantendremos informados del desarrollo de este proyecto.
Volver a la página de inicio
